Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Ministro de Justicia
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo 45
28071 Madrid
Madrid a 2 de abril de 2012
Por
medio de estas líneas me veo en la obligación de transmitirte la más
respetuosa, pero enérgica, queja en nombre del Consejo General de la
Abogacía Española y en el mío propio por dos motivos, ambos relacionados
con el recientemente aprobado Anteproyecto de revisión de las tasas
judiciales, que se destinarán "a sufragar los gastos de la Justicia Gratuita".
El
primero, por no habérsenos dado traslado del citado Anteproyecto, a
pesar de tus constantes declaraciones de que se tendría en cuenta, en
todo momento, el parecer de la Abogacía y el segundo por las
declaraciones realizadas desde el Ministerio para justificar la norma.
Independientemente
de lo discutible del proyecto, considero que hubiera sido oportuno
tener en cuenta el parecer de esta Institución, pues los abogados, a los
que representamos, son quienes día a día luchan por el derecho de
defensa en la Justicia y conocen el funcionamiento de nuestros Juzgados y
Tribunales y sobre todo el criterio de los ciudadanos que son nuestros
clientes. A pesar de que no se ha producido esa consulta a este Consejo
General, haremos llegar a ese Ministerio nuestras observaciones al
texto.
Además,
creo que se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la
Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos
fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo ni
medios ni esperanza.
Hay
que recordar que solo pueden acceder a la Justicia Gratuita los que
perciben menos del doble del Indicador Público de Rentas de efectos
múltiples (IPREM), en torno a los 1.242 euros mensuales y que por lo
tanto muchísimas personas no podrán pagar las tasas (1.200 euros en el
recurso de casación). El gasto en Justicia Gratuita ha sido y es una
inversión en paz social y su regulación claro que puede ser mejorada, y
nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser
presentado como excesivo o justificativo.
No
lo es porque apenas representa un 6 por ciento del gasto en Justicia y
porque afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado
desde los Presupuestos y no desde tasas especiales.
Pero
lo que más nos ha preocupado y es el motivo fundamental de esta queja,
han sido las manifestaciones realizadas desde ese Ministerio en el
sentido de que el objetivo de la revisión de las tasas es "evitar el exceso de litigiosidad" y que "cualquier
ciudadano que litiga ante los Tribunales tiene que pagar su abogado y
al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el
acceso a la justicia y es un importe muy superior a estas tasas".
Desde
este Consejo hemos venido manifestando que la forma de evitar la
litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la
justicia. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en
defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como
reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio
de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen
menos medios económicos.
Ya
lo manifestamos en su momento y ahora lo reiteramos. Nos parece bien que
se busquen fórmulas para evitar acudir a los Tribunales y aumentar las
vías de solución extrajudicial de los conflictos (como ya sabes, casi el
50% de los conflictos no se judicializan pues se solucionan en los
despachos de los abogados), pero no a base de poner trabas de carácter
económico. Avancemos en la búsqueda de soluciones para nuestra
Administración de Justicia, tarea para la que, una vez más, te ofrezco
la colaboración leal de toda la Abogacía.
Tampoco
resulta aceptable, defender la "bondad" de la norma argumentando que
pagar al abogado no se considera una barrera para acceder a la justicia y
que el importe de los honorarios de los abogados es muy superior a las
tasas que se van a fijar. Tú conoces muy bien como está nuestra
profesión, cuales son los legítimos y muchas veces ajustados honorarios
que se cobran y lo complicado y difícil que resulta, en muchas
ocasiones, cobrar esos honorarios. Y en una situación como la actual, de
enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales
liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni
tolerable argumentar que pagar estas tasas no tiene importancia a la
vista de lo que cobran los abogados.
Curiosamente,
los ciudadanos, en los diferentes estudios sociológicos realizados por
nosotros, no se quejan de nuestros honorarios. Sí lo hacen de la
carencia de medios, la lentitud de nuestra Administración de Justicia y
la excesiva duración de los procesos. Ahí está el problema y no en si
los abogados cobran mucho o poco. Nuestros clientes saben muy bien lo
que pagan, por qué lo hacen y están muy conformes con nuestro trabajo.
No así con tener que pagar "tasas", con su implantación, con su
elevación, ni con su desproporción, que en modo alguno entienden.
No
es admisible incorporar, en nuestro Estado de Derecho, una balanza en la
que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en
el otro el pago de una tasa. El derecho a la defensa, fundamental y de
relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia
del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso
necesario para pagar a los Abogados que prestan el servicio de justicia
gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma
injusta.
Desde
hace mucho tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de
23 de noviembre de 1983 Caso Van der Mussele) tiene establecido que ha
de ser el Estado quien sufrague las indemnizaciones debidas a los
abogados en el caso de la justicia gratuita, no siendo de recibo que se
haga depender ese pago de la existencia de unas tasas, que tienen
únicamente finalidad recaudatoria.
Todo
ello debería haceros reflexionar y evitar realizar manifestaciones que
lo único que provocan es un gran malestar, en nuestro colectivo, que se
merece el respeto que públicamente dijiste tenerle y en la sociedad.
Un respetuoso y cordial saludo
Carlos Carnicer
Presidente CGAE
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