Los continuados retrasos en el pago del turno de oficio por parte de las comunidades autónomas están obligando a las organizaciones colegiales a buscar fórmulas alternativas que permitan seguir retribuyendo al abogado y, así, garantizar el servicio de una justicia gratuita. Un acuerdo entre Banco Sabadell y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha sido la última.
"Llevábamos varios meses padeciendo una situación muy grave", explica Francisco Real, decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). "Desde hace cuatro años, la Generalitat Valenciana lleva intentando rebajar la partida de este concepto en un 40%, 50% y hasta 60%, algo que no ha conseguido finalmente. Pero a esto se ha sumado un segundo problema: el incumplimiento de las fechas comprometidas de pago".
Ante esta situación, el ICAV dio luz verde al convenio financiero firmado entre el Consejo y Sabadell con el objetivo de que todos los letrados adscritos al servicio de justicia gratuita pudieran solicitar el anticipo de sus honorarios en la fecha de cobro estipulada y en la cuenta que cada uno designe, en ésta u otra entidad. "Actualmente, todos se encuentran al corriente de pago aunque la Generalitat todavía no ha hecho los desembolsos al colegio, que seguramente realizará cuando abra presupuestos, en febrero o marzo", añade Real.
Valencia ha utilizado la fórmula financiera de confirming, pero será la Consejería de Justicia quien asuma los intereses generados de euríbor más 0,25 puntos y no los propios abogados o el colegio, como ocurre en otras comunidades, como es el caso de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid cuenta con un sistema muy parecido para los 4.500 letrados del turno de oficio. Se puso en marcha en el año 2001 tras el acuerdo alcanzado con varias entidades, como Banesto, Santander, Banco Sabadell, Banco de Valencia, Multicaja y BBVA.
"De no haber sido así, esto habría saltado", aseguran en el colegio. La razón es la tremenda dilación que soportan los letrados madrileños, casi de un año entero. "En estos momentos, no se ha cobrado nada del ejercicio 2010 y la factura asciende ya a 28 millones de euros", comentan en esta institución.
A diferencia del sistema valenciano, en el que cada abogado puede ir a la entidad que quiera y cobrar sus actuaciones, en el Colegio de Madrid se hace a través de la web colegial. Allí, cada abogado elige el banco que le interesa. De no ser por este tipo de fórmulas, la justicia gratuita pendería de un hilo.
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