Se publica en el BOE el Reglamento que regula el acceso a las profesiones de abogado y procurador

El BOE 146/2011, de 16 de junio, ha publicado el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Esta norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Tras la aprobación del Reglamento el pasado 3 de junio por el Consejo de Ministros, el Consejo General de la Abogacía se ha felicitado por la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que entrará en vigor en octubre de 2011 y felicita y agradece de manera expresa la labor desarrollada para su aprobación por los ministros de Justicia y Educación y sus respectivos equipos. Gracias a esta Ley, que ha sufrido una vacatio legis de cinco años, una de las mayores de la democracia, y que es una de las principales y más antiguas reivindicaciones de la Abogacía, se formará mejor a los abogados, lo que a la postre "repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia", según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.

Reglamento de acceso a la profesión de abogado

Fuente: Abogados.es

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El Congreso retoma la ley que dará la sanidad a los abogados

Los últimos coletazos de esta legislatura pueden traer buenas noticias para una reivindicación histórica de la Abogacía: su inclusión en la cobertura sanitaria pública universal; se trata de una situación que afecta a varios colectivos, si bien ciertamente el más numeroso es el de los abogados.

Esta antigua limitación del acceso a la sanidad pública se explica porque en las diferentes evoluciones que ha ido experimentando la sanidad pública española, los abogados han quedado fuera porque se trataba un colectivo que no solía estar adscrito a un régimen de la Seguridad Social, sino que estaba cubierto por el mutualismo privado. Cuando la Sanidad dejó de financiarse con cotizaciones sociales y lo hizo con impuestos, se quedó descolgado y no entró en la cobertura. Igual ha sucedido con otros profesionales liberales, como los arquitectos.

Ahora es posible que, después de 25 años de promulgarse la Ley General de Sanidad, esta situación se arregle. Por varias vías. Por un lado, la del Congreso, ya que el Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 24 de mayo tramitar una proposición de ley impulsada por Gaspar Llamazares (Izquierda Unida) y que suscribió el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

La proposición de Ley sobre la universalización del derecho a la Asistencia Sanitaria Pública será tramitada por la Comisión de Sanidad, que tiene competencia legislativa plena, donde ya se encuentra abierto el trámite de enmiendas.

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Fuente: Expansion.com

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El Colegio de Abogados de Vizcaya apuesta por la formación conjunta EPJ-Universidad

La Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) del Colegio de Abogados de Vizcaya ha organizado este miércoles 8 de junio a las 13.00 horas una jornada de puertas abiertas en la que ofrecerá a estudiantes de Derecho una charla informativa en la que cobrará especial protagonismo la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía. Un acontecimiento que ha supuesto el primer paso real hacia la entrada en vigor de esta norma, prevista para octubre de 2011.

Por delante quedan cinco meses de intenso trabajo ante una ley que "todavía contiene muchos campos de incertidumbre", según señala Aitzol Asla, director de la EPJ de Vizcaya. Dudas entre las que destaca la pugna abierta entre las universidades y las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas por liderar esta formación.

A pesar de que el Reglamento ha situado a las escuelas como piedra angular del sistema de formación junto a las Universidades, lo cierto es que la norma no esclarece en quién se posará esta responsabilidad. Así, la decisión recaerá en manos de cada una de las partes implicadas, que decidirá si crea este curso de forma conjunta o en solitario.

Ante esta situación, la máxima se centra en la colaboración institucional a través de la firma de convenios entre universidades y Colegios de Abogados. Y es que de no ser así, la falta de concreción de la norma podría hacer que por ejemplo en Vizcaya pudiese haber hasta 4 opciones diferentes (EPJ de Bizkaia, UPV/EHU, Universidad de Deusto y la UNED).

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Fuente: abogados.es

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