Las Comunidades Autónomas propondrán a Justicia reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

20 enero 2011


Las doce comunidades con competencias en materia de Justicia trasladarán la próxima semana al Ministerio del ramo los acuerdos alcanzados en la reunión de coordinación de estas autonomías, y entre los que destaca la propuesta de reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar este servicio a todas aquellas personas que carecen de recursos.



También pedirán al departamento que dirige Francisco Caamaño la "inmediata" asunción efectiva de las competencias ejecutiva y de gestión del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, competencias que incluyen, por ejemplo, la convocatoria de la oferta de empleo público, la gestión de la promoción interna, la carrera profesional o la formación.



Además, las comunidades solicitarán al Ministerio que se retome la especialización comarcalizada de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y que se siga apostando por el proceso de modernización tecnológica.



Los acuerdos, consensuados por "unanimidad" y que se abordarán el próximo martes, 25 de enero, en la Conferencia Sectorial, han sido dados a conocer este miércoles por el consejero cántabro de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, que ha ejercido de portavoz al término de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con competencias en justicia y en la que también han participado los responsables en la materia del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Aragón y La Rioja.



En relación a la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las comunidades abogan por que se vincule "exclusivamente" la concesión de este beneficio a la carencia de recursos para litigar, en coherencia con las políticas restrictivas de control del déficit establecidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



En este sentido, el consejero cántabro ha considerado que no parece "muy razonable" que en la jurisdicción social y laboral "cualquier persona" pueda tener asistencia jurídica gratuita, incluso aunque gane "millones" de euros. Este hecho está "mermando" las posibilidades de otros ciudadanos que "necesitan" esa asistencia gratuita, ha razonado Mediavilla.



En la misma línea, el titular de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha argumentado que el modelo de asistencia jurídica gratuita de algunas comunidades no es "sostenible". Por ello, ha apostado por que el servicio se preste "en las mejores condiciones" y "a quien lo más necesite".



Según el consejero gallego de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, la asistencia jurídica gratuita preocupa "muchísimo" a todas las comunidades, que dedican "muchísimos" recursos a este servicio.


Por ello urgen a que la normativa estatal "que ya tiene muchos años" se reforme "cuanto antes" y teniendo en cuenta, además, las aportaciones de las autonomías, "que somos las que sufragamos la asistencia jurídica al cien por cien".



"La norma es del Estado pero todo lo demás, incluido el coste económico, es de las comunidades autónomas", ha sentenciado Rueda, para quien "no es de recibo" que se esté "pagando un abogado y un procurador" a gente que tiene recursos económicos "de sobra".



Eso puede acabar suponiendo, según ha avisado, que "no seamos capaces de pagar a quien realmente necesita el abogado". "Esperemos que el martes el Ministerio sea sensible y se dé cuenta de que hay que reformar la normativa ya", ha deseado.


Fuente: Abogados.es

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Los colegios de abogados vascos vuelven a asesorar a los inmigrantes 'sin papeles'

05 enero 2011


Los inmigrantes que están afincados en Euskadi en situación irregular y necesitan asesoramiento jurídico son atendidos desde el pasado lunes por un nuevo servicio creado en los colegios de abogados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Para recibir atención letrada, los extranjeros tendrán que ponerse en contacto en primer lugar con la Dirección de Inmigración, donde las Unidades de Coordinación y Atención a los Inmigrantes (UCAI), así como el órgano de integración Biltzen, examinarán las solicitudes. Cuando consideren que una de ellas no puede ser resuelta por las administraciones públicas, bien la autónoma, bien los servicios sociales de base, ni tampoco por las ONG, remitirán al demandante a un abogado para que se ocupe de la resolución administrativa. Y si hubiese que acudir posteriormente a los tribunales, ese profesional tramitará también la Justicia gratuita.

El nuevo servicio jurídico reemplazará a Heldu, un órgano de asesoramiento legal para 'sin papeles' que fue cerrado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales el pasado 15 julio, en medio de una fuerte polémica y después de haber tramitado más de 30.000 expedientes entre 2003 y 2010. Según fuentes del colegio vizcaíno, el propósito de la consejería de Gemma Zabaleta es que los letrados vascos que actúen a partir de ahora en el área de inmigración -un colectivo que será elegido entre los profesionales de los turnos de oficio de Extranjería- reciban un número limitado de consultas. «Un centenar al mes para el conjunto de Euskadi», precisaron las mismas fuentes.

La intervención de los colegios abogados del País Vasco -entre 2003 y 2007 ya se ocuparon de Heldu- se desarrollará en adelante a través de un convenio suscrito con el Departamento de Justicia, que financiará la iniciativa, y con el de Empleo, que se ocupará de dirigir a los inmigrantes hacia los letrados. Justicia todavía no ha determinado cuál será la partida presupuestaria del servicio, ya que dependerá de cómo evolucionen las solicitudes durante 2011.

En el colegio vizcaíno precisaron que, si bien el proyecto está concebido inicialmente para un grupo reducido de solicitantes, también se trata de una experiencia piloto, de modo que está sujeta a posibles modificaciones que se susciten con el paso del tiempo. Un cambio de la legislación de Extranjería, por ejemplo, podría incrementar y hacer más complejas las demandas futuras, y obligar a la Administración vasca a redimensionar la asistencia letrada a los trabajadores foráneos.

De momento, serán las UCAI y Biltzen los órganos que decidirán qué inmigrantes pueden recurrir a un abogado. Ambas entidades serán también las que se pondrán en contacto con los colegios profesionales mediante fax, teléfono y correo electrónico. Una vez concertada la cita con el letrado, un trámite que los colegios han prometido realizar con agilidad, el inmigrante deberá acudir al despacho elegido con la documentación necesaria.
Cuatro tipos de ayuda

El Gobierno vasco y los abogados han previsto cuatro tipos de asesoramiento: las consultas jurídicas que no pueda responder el equipo de juristas de Biltzen; las tramitaciones de carácter administrativo; las reclamaciones contra las resoluciones que sean negativas y, por último, una combinación de tramitación administrativa y recurso ante los tribunales.

En general, los inmigrantes suelen pedir ayuda para cumplimentar el papeleo del arraigo, de la autorización de residencia y trabajo, y del reagrupamiento familiar, procedimiento este último cuyos requisitos se han endurecido. Según indicaron en el Colegio de Abogados de Vizcaya, si bien en la mayoría de los casos la ley no exige la presencia de un letrado y teóricamente bastaría con el apoyo de los servicios de base o con el acompañamiento de una ONG, puede ocurrir que algunos extranjeros precisen de asistencia especializada porque no dominan el idioma y mucho menos el lenguaje administrativo.

El Departamento de Justicia se ha preocupado de que los abogados que atiendan a los 'sin papeles' tengan formación suficiente en el área de Inmigración. Todos ellos deberán estar apuntados al turno de Extranjería, que atiende sobre todo las expulsiones y donde antes de entrar se exige un curso inicial de especialización y otro cada año para actualizar conocimientos. La posibilidad de asistir a inmigrantes parece haber calado en un sector de los colegios profesionales. Sólo en Vizcaya ya se han apuntado al nuevo servicio 124 letrados de los cerca de 200 especializados en la atención a este colectivo.

Fuente: El Correo

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